doi: 10.56294/pa2024.193
REVISIÓN
Challenges and perspectives of the treatment of feminicidal violence in the Cuban legislative system
Retos y perspectivas del tratamiento de la violencia feminicida desde el sistema legislativo cubano
Yolier Izquierdo Cuellar1
1Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Citar como: Izquierdo Cuellar Y. Challenges and perspectives of the treatment of feminicidal violence in the Cuban legislative system. Southern perspective / Perspectiva austral. 2024; 2:.193. https://doi.org/10.56294/pa2024.193
Enviado: 14-06-2024 Revisado: 10-09-2024 Aceptado: 23-12-2024 Publicado: 24-12-2024
Editor: Dra.
Mileydis Cruz Quevedo 
ABSTRACT
Femicidal violence in Cuba is a matter of interest that requires careful analysis. Despite the laws and policies implemented, challenges persist in their effective implementation. The entrenched presence of gender stereotypes in society and limited awareness of the problem continue to influence this dynamic. This research aims to explore obstacles in the implementation of laws and seek ways to improve prevention and victim support, as well as to promote greater awareness of gender equality. It will examine the legal and socio-cultural barriers to change, as well as the prospects for legal strengthening and collaboration between different actors. By understanding the complexities of this issue, the aim is to contribute to a fairer and safer Cuban society for women, offering concrete recommendations to improve the legislative system’s response to feminicidal violence.
Keywords: Cuba, Feminicide Violence; Legislative System; Gender Stereotypes.
RESUMEN
La violencia feminicida en Cuba es un asunto de interés que requiere un análisis detenido. A pesar de las leyes y políticas implementadas, persisten desafíos en su implementación efectiva. La presencia arraigada de estereotipos de género en la sociedad y la limitada conciencia sobre el problema siguen influyendo en esta dinámica. Esta investigación tiene como objetivo explorar los obstáculos en la implementación de las leyes y buscar vías para mejorar la prevención y el apoyo a las víctimas, así como promover una mayor conciencia sobre la igualdad de género. Se examinarán las barreras legales y socioculturales que dificultan el cambio, así como las perspectivas de fortalecimiento legal y colaboración entre diferentes actores. Al comprender las complejidades de este tema, se aspira a contribuir a una sociedad cubana más justa y segura para las mujeres, ofreciendo recomendaciones concretas para mejorar la respuesta del sistema legislativo frente a la violencia feminicida.
Palabras clave: Cuba, Violencia Feminicida; Sistema Legislativo; Estereotipos de Género.
INTRODUCCIÓN
La violencia feminicida es una forma extrema y trágica de la violencia de género que, desafortunadamente, trasciende fronteras geográficas, culturas y clases sociales. Se caracteriza por el asesinato de mujeres debido a su género, con un énfasis particular en el hecho de que estas mujeres son asesinadas precisamente porque son mujeres. Aunque esta forma de violencia puede ser menos visible en comparación con otras manifestaciones de violencia de género, su impacto es devastador y exige una respuesta urgente y decidida de la sociedad y las autoridades.
En el corazón de la violencia feminicida yace la idea profundamente perturbadora de que las mujeres pueden ser objeto de violencia extrema, incluso de asesinato, simplemente por ser mujeres. Esta forma de violencia no se limita únicamente a un contexto geográfico o cultural específico; es un problema global que afecta a mujeres de todas las edades, razas, clases sociales y orientaciones sexuales. Desde la pareja íntima hasta los extraños, las mujeres pueden ser víctimas de esta violencia por el simple hecho de ser mujeres.
El impacto de la violencia feminicida se extiende mucho más allá de las cifras frías y las estadísticas. Cada caso representa una tragedia personal, una vida segada de manera prematura y violenta, y una familia y una comunidad que quedan devastadas. Además, este tipo de violencia tiene un efecto paralizante y aterrador en las mujeres en general, ya que crea un ambiente de temor y vulnerabilidad constante. Las mujeres viven con la preocupación de que podrían convertirse en la próxima víctima, lo que afecta su capacidad de vivir vidas plenas y participar en la sociedad de manera libre y segura.
La urgencia de abordar la violencia feminicida radica en la necesidad de proteger los derechos humanos fundamentales de las mujeres y garantizar su seguridad. La violencia feminicida es una violación flagrante del derecho a la vida y a la seguridad de las mujeres. Además, socava los avances hacia la igualdad de género y perpetúa un ciclo de discriminación y violencia que debe romperse.
Para combatir eficazmente la violencia feminicida, se requiere una acción en múltiples frentes. Esto incluye la implementación y el fortalecimiento de leyes y políticas que protejan a las mujeres contra la violencia de género, así como un cambio cultural que desafíe los estereotipos de género y promueva la igualdad. También es fundamental aumentar la conciencia pública sobre este problema y fomentar la solidaridad de la sociedad para poner fin a esta forma de violencia.
La violencia feminicida en Cuba es un asunto de profundo interés y de indiscutible relevancia que merece una atención detenida y un compromiso inquebrantable. A pesar de los avances legales y políticos implementados en la isla, persisten desafíos sustanciales en la erradicación de la violencia dirigida específicamente contra las mujeres. La necesidad de abordar este problema de manera integral y efectiva es imperativa, ya que su persistencia representa un flagelo que amenaza la vida y la dignidad de las mujeres en Cuba.
En el contexto cubano, se ha avanzado en la promulgación de leyes y políticas orientadas a fomentar la igualdad de género y proteger a las mujeres contra la violencia de género. Sin embargo, a pesar de estos avances, la persistencia de la violencia feminicida plantea interrogantes apremiantes sobre la efectividad de estas medidas y pone de manifiesto desafíos profundos en su implementación práctica.
La pregunta esencial es por qué, a pesar de contar con un marco legal y político que aparentemente respalda los derechos y la seguridad de las mujeres, la violencia feminicida sigue ocurriendo. Aquí radica la paradoja: la ley, en teoría, protege a las mujeres, pero en la práctica, estas siguen siendo víctimas de violencia letal basada en el género. La respuesta a esta pregunta no solo radica en la calidad de las leyes, sino también en su aplicación efectiva, en la respuesta de las instituciones, y en la actitud de la sociedad hacia este fenómeno.
Los estereotipos de género arraigados en la sociedad cubana constituyen un obstáculo significativo para la erradicación de la violencia feminicida. Estos estereotipos pueden contribuir a la normalización de comportamientos violentos o a la minimización de la gravedad de la violencia contra las mujeres. Además, la limitada conciencia pública sobre el problema agudiza la situación, ya que puede llevar a que la violencia feminicida sea pasada por alto o minimizada, lo que a su vez dificulta la movilización de la sociedad para abordarla de manera efectiva.
La persistencia de la violencia feminicida en un contexto donde existen leyes de género y políticas de protección de las mujeres refleja una brecha entre el marco legal y su aplicación en la vida real. Para resolver este problema, es crucial que las medidas legales se traduzcan en acciones efectivas, y que se trabaje en conjunto para cambiar los estereotipos de género arraigados y aumentar la conciencia pública sobre la gravedad de la violencia feminicida. De esta manera, se podrá abordar de manera integral la violencia contra las mujeres en Cuba y construir una sociedad más segura y justa para todas sus ciudadanas.
El propósito de esta investigación es abordar estos desafíos de frente, explorar los obstáculos en la implementación de las leyes y políticas vigentes y buscar vías concretas para mejorar la prevención de la violencia feminicida y el apoyo a las víctimas. Además, esta investigación tiene como objetivo promover una mayor conciencia en la sociedad cubana sobre la igualdad de género como un paso fundamental para combatir la violencia de género en todas sus formas.
La estructura de esta investigación se organizará de manera que permita un análisis exhaustivo de los retos y perspectivas en el tratamiento de la violencia feminicida desde el sistema legislativo cubano. Exploraremos el contexto legal y político actual, destacando las áreas en las que se han logrado avances significativos y aquellas donde aún existen obstáculos evidentes. Abordaremos la influencia de los estereotipos de género arraigados y la falta de conciencia sobre el problema, identificando su papel en la persistencia de la violencia feminicida.
Además, se analizarán las barreras legales y socioculturales que dificultan el cambio, y se considerarán las perspectivas de fortalecimiento legal y colaboración entre diferentes actores, incluyendo el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Al comprender las complejidades de este tema, aspiramos a contribuir a una sociedad cubana más justa y segura para las mujeres, ofreciendo recomendaciones concretas para mejorar la respuesta del sistema legislativo frente a la violencia feminicida.
Esta investigación se presenta con la convicción de que abordar la violencia feminicida en Cuba no solo es una cuestión de justicia, sino también un imperativo moral y humano que nos exige a todos actuar con determinación y empatía para garantizar que las mujeres cubanas vivan en un entorno seguro, libre de violencia y plenamente igualitario.
DESARROLLO
Tal como refiere López «las relaciones de género son relaciones de poder y desigualdad. Es decir, género ubica a las mujeres, por el hecho de serlo, en una posición de subordinación respecto del conjunto de los varones».
Aunque no son hechos tan visibles como en otros países de América Latina y El Caribe, en Cuba no estamos exentos de la violencia por razón de género, ni del femicidio.
Países como Mexico, Guatemala, Perú, Chile, Argentina, por tan solo citar ejemplos han implementado leyes específicas que abordan el feminicidio, particularizándolo como un crimen diferenciado a otros tipos de homicidios. De manera objetiva estas leyes aumentan la penalización y prestan especial atención a los asesinatos de mujeres motivados por razones de género.
El tema del feminicidio/femicidio se ha convertido durante los últimos años en un tópico de interés en Cuba, quizás por el creciente acceso que han tenido los ciudadanos a las redes sociales en las cuales se muestran casos de violencia contra las mujeres por razón de serlo, cuestión que no significa que años anteriores no existieran hechos como estos, sino que no eran tan conocidos a nivel nacional.
Cuba es signataria de convenciones internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan al país a tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
En Cuba, se han implementado diversas políticas y organizaciones con el propósito de abordar las disparidades de género y promover la equidad, con un enfoque especial en la erradicación de la violencia de género. En el último período, se han realizado importantes cambios y adiciones en la Constitución de la República (2019) para abordar esta problemática, como la incorporación de la violencia intrafamiliar (art. 85), la violencia de género (art. 43) y la violencia contra niños, niñas y adolescentes (art. 84 y 86).
Además de estos cambios constitucionales, se ha emitido el Decreto presidencial 168/2020, que establece el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Este programa tiene como objetivo mitigar la violencia de género y contribuir al empoderamiento de las mujeres, sin dejar de reconocer la importancia de incluir a los hombres en este proceso.
Para complementar estas medidas, se ha implementado la Estrategia Integral de Atención y Prevención de Situaciones de Violencia en el Contexto Familiar (publicada en la Gaceta Oficial en 2020 y 2021). Esta estrategia busca abordar el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar y proporcionar apoyo a las personas afectadas.
La Constitución de la República de 2019 constituyó una base para la creación de nuevas normativas en las diversas ramas del derecho. Dentro del catálogo de Derechos, deberes y garantías que regula la Carta Magna, su artículo 41 establece que: “el Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos”. Siguiendo esta misma lógica, el legislador cubano, en el artículo 43 además de reconocer la igualdad de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, ofrece una especial protección a las mujeres, ante ello regula que: “El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello”.
A pesar de los avances que se han realizado en materia de género en el país, todavía persisten estereotipos sexistas que afectan la calidad de vida tanto de mujeres como de hombres. De acuerdo con datos recopilados en la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género en Cuba en 2016, se revela que el 80 % de las personas entrevistadas reconoce la existencia de violencia de género, aunque en la mayoría de los casos no la considera un obstáculo significativo para el pleno desarrollo de las mujeres. Sin embargo, estos datos también indican que el 26,7 % de las encuestadas admitió haber sido víctima de algún tipo de violencia en los 12 meses previos al estudio, y se señala que las mujeres de la zona Oriental del país son las que más han sufrido situaciones de violencia (según ONEI, 2017).
Además de la violencia de género, se han realizado análisis sobre las masculinidades en Cuba que han alertado sobre experiencias de bullying homo, lesbo y transfóbico, así como malos tratos, humillaciones, exclusiones y discriminación dirigidos hacia las personas homosexuales y aquellos que no se adhieren a las normas heteronormativas, tanto dentro como fuera del contexto escolar. Estos estudios han sido realizados por diversos autores, incluyendo a Castro (2014), Garcés (2015), Robert (2016), y Suárez, Rodríguez, Rio, Alfonso y Suárez (2018).
La violencia de género en el proyecto de Código Penal cubano
El nuevo Código Penal de Cuba, aprobado en mayo de 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, entró en vigor el 1 de diciembre del mismo año. Este código aborda de manera especial las conductas vinculadas a la violencia de género como parte de un extenso proceso legislativo derivado del desarrollo necesario de los principios establecidos en la Constitución de la República de Cuba, promulgada el 10 de abril de 2019. Además, incluye la revisión de los contenidos de la parte general y especial del actual Código Penal y la actualización de sus instituciones. En esta labor legislativa, se busca la coherencia con las nuevas normativas legales promulgadas en áreas específicas que impactan en el código, así como la integración, en lo pertinente, de lo establecido en los tratados internacionales vigentes para la República de Cuba.
En virtud del artículo 43 de nuestra Constitución, se establece la igualdad de derechos y responsabilidades entre mujeres y hombres en diversos ámbitos, como lo económico, político, cultural, laboral, social y familiar. El Estado se compromete a garantizar igualdad de oportunidades y posibilidades, así como a promover el desarrollo integral de las mujeres. Además, se asegura el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se protege contra la violencia de género en todos sus ámbitos, y se establecen mecanismos institucionales y legales para este propósito. Asimismo, el artículo 85 reafirma que la violencia familiar en todas sus formas se considera perjudicial para las personas involucradas, las familias y la sociedad, y, por lo tanto, es sancionada por la ley.
Dentro de la Estrategia, uno de sus elementos cruciales es el componente legislativo, que tiene como propósito cumplir y articular los aspectos abordados en el Área 5 titulada: “Legislación y derecho. Marco normativo y sistemas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia” del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. La meta principal es perfeccionar el marco jurídico nacional mediante la integración transversal de la perspectiva de género tanto en las normativas legales sustantivas como en las procesales.
Este enfoque busca fortalecer los mecanismos que garanticen el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. Además, se propone proporcionar acompañamiento y protección efectiva, a la vez que se trabaja para evitar la impunidad de los agresores. Este proceso de mejora continua en el ámbito legislativo se integra de manera directa con la revisión y perfeccionamiento del Código Penal, buscando crear un marco legal más sólido y efectivo en la prevención y erradicación de la violencia de género.
De Armas (2022) plantea que la violencia de género en el proyecto de Código Penal cubano se define:
“[…] como una forma extrema de la discriminación y representa una problemática compleja y estructural, se funda en la desigualdad jerárquica entre hombres y mujeres constituyendo una violación de los derechos humanos, en la que se conectan otros ejes de opresión como la clase social, el color de la piel, la ocupación, la sexualidad, el territorio y las situaciones de discapacidad. Su complejidad impone ser atendida desde un enfoque integral que permita visibilizarla, tratarla y acompañar sus soluciones, siendo el Código Penal uno de esos instrumentos que puede contribuir en la tan deseada respuesta oportuna e integrada.
El Proyecto del Código Penal cubano establece como premisa fundamental la consideración de delitos únicamente a aquellas acciones u omisiones que sean socialmente lesivas, ya sean intencionales o imprudentes y prohibidas por la ley. Esta distinción busca marcar una frontera clara entre lo verdaderamente perjudicial para el desarrollo de la sociedad y lo que queda bajo la jurisdicción de otras ramas del Derecho. En el ámbito de las acciones violentas, este enfoque delimita entre la violencia criminalizada, regulada como delitos en el Código Penal, y la no criminalizada, sujeta a otras normativas del ordenamiento legal. Este enfoque no apunta a la impunidad, sino a un uso justo y razonable de los preceptos legales.
El Proyecto presenta la clásica división en dos libros, con el Libro I abordando cuestiones generales de principios e instituciones y el Libro II conteniendo las figuras delictivas propuestas para proteger los bienes y relaciones sociales prioritarios. En el Libro I, la violencia de género es tratada en varias instituciones, incluyendo sanciones accesorias para personas naturales, circunstancias atenuantes y agravantes, y reglas de adecuación para evaluar la extensión o cuantía de las sanciones en casos relacionados con la violencia de género o familiar.
En el contexto de las sanciones accesorias para personas naturales, destacan dos: la privación o suspensión de la responsabilidad parental, la remoción de la tutela, o la revocación del apoyo intenso para personas en situación de discapacidad; y la prohibición de acercamiento a las víctimas, perjudicados u otras personas allegadas afectivamente. La primera implica la pérdida o suspensión de derechos, deberes y atribuciones inherentes a la responsabilidad parental, incluyendo la posibilidad de remoción de tutela o revocación de apoyo intenso a personas en situación de discapacidad. La imposición de estas sanciones se basa en el incumplimiento, transgresión o abuso de derechos y deberes del responsable hacia el menor o persona con discapacidad. Para determinar la imposición y extensión de estas sanciones, se considera la especial protección que requieren la infancia y la adolescencia, la naturaleza y gravedad del delito, el grado de afectación a la víctima, entre otros factores.
La segunda sanción, la prohibición de acercamiento, busca proteger a las víctimas de delitos de diversos tipos, incluyendo aquellos resultados de la violencia de género o familiar. Puede ser tanto una continuación de medidas cautelares previas como una sanción independiente. Estas sanciones se imponen con base en consideraciones como la naturaleza y gravedad del delito, la protección de la infancia, la familia y el desarrollo integral de las personas menores de edad, así como la necesidad de evitar nuevos delitos o actos de violencia familiar por parte del sancionado.
El Proyecto también contempla circunstancias atenuantes y agravantes relacionadas con la violencia de género. Entre las atenuantes, se incluye el haber sido objeto de violencia de género de manera continua y persistente por parte de la víctima. En las agravantes, se menciona cometer el delito como consecuencia de la violencia de género o familiar, y por motivos de discriminación de diversos tipos. Además, se establecen reglas para evaluar la extensión o cuantía de la sanción en casos de delitos relacionados con la violencia de género o familiar.
El Proyecto del Código Penal cubano incorpora de manera integral medidas legales para abordar la violencia de género, estableciendo sanciones proporcionadas y considerando las circunstancias específicas de cada caso. Estas disposiciones buscan no solo castigar los actos violentos, sino también prevenir su repetición y proteger a las víctimas. Este enfoque refleja un compromiso con la justicia y la equidad en el tratamiento de los casos de violencia de género.
Además, actualiza las figuras delictivas para proteger los derechos, bienes y relaciones sociales considerados trascendentales para la sociedad cubana. Este libro aborda diversas manifestaciones de la violencia de género en delitos que afectan los derechos laborales y de seguridad social, los derechos individuales, la vida y la integridad de las personas, la dignidad humana, así como la libertad e indemnidad sexual.
Incorpora medidas de protección jurídico-penal para la pareja de hecho afectiva, tanto en circunstancias agravantes como en figuras delictivas donde el cónyuge es concebido como sujeto pasivo. En delitos como el acoso laboral, se establece una sanción agravada cuando se comete como consecuencia de la violencia de género o por motivos discriminatorios.
El asesinato, en casos motivados por discriminación de género, se considera un delito extremadamente grave, al igual que las lesiones corporales graves o daños a la salud causados por violencia de género o discriminación. Delitos como aborto ilícito y trata de personas también reciben mayores penas cuando se relacionan con la violencia de género.
El título dedicado a los delitos sexuales ahora se aborda bajo la categoría de “Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas”. Este enfoque permite una protección más efectiva de la sexualidad humana, con un tratamiento diferenciado para conductas que involucran violencia de género. Por ejemplo, los delitos de agresión sexual, abusos lascivos, acoso y ultraje sexual se penalizan de manera más severa cuando están vinculados a esta forma de violencia.
El proyecto también destaca la posibilidad de presentar denuncias en casos de violencia de género y familiar sin necesidad de que la víctima sea quien formule la denuncia inicial. Cualquier persona puede presentar la denuncia, lo que refleja una comprensión más amplia y profunda de este complejo problema social.
Estas regulaciones son solo algunas de las principales disposiciones del Proyecto de Código Penal para abordar comportamientos que expresan manifestaciones de violencia de género y familiar. Más allá de la existencia de buenas leyes, el camino hacia una nueva cultura de derechos, respeto y paz implica la construcción de una sociedad comprometida con estos principios y dispuesta a aplicarlos de manera efectiva. Este enfoque busca ir más allá de la legislación y promover un cambio cultural hacia una convivencia basada en el respeto y la equidad.
Estereotipos de Género y Conciencia Social
“El género, como concepto, es de reciente incorporación al análisis científico” (Vasallo, 2004, p. 91). Su introducción en las Ciencias Sociales se remonta a la década de los setenta en los países del primer mundo, como Estados Unidos y Europa, extendiéndose más tarde a regiones como América Latina, el Caribe, África y Asia. Sin embargo, Pautassi (2012) plantea que el origen de este concepto se atribuye a la obra del psicólogo neozelandés Jhon Money, quien, en 1951, fue el primero en utilizar el término gender para referirse a un componente cultural, en particular, a la influencia educativa en la formación de la identidad sexual.
Mientras que los estereotipos de género y la conciencia social son componentes cruciales en la comprensión de la persistencia de la violencia feminicida en el contexto cubano. A medida que exploramos más a fondo este tema, se torna evidente que estos elementos desempeñan un papel sumamente significativo en la dinámica de la violencia basada en el género, y su influencia trasciende las fronteras de Cuba.
Los estereotipos de género, arraigados en la sociedad cubana y en la mayoría de las sociedades alrededor del mundo, consisten en preconcepciones y expectativas culturalmente construidas acerca de cómo se supone que deben comportarse las personas según su género. Estos estereotipos suelen ser perjudiciales, ya que asignan roles, responsabilidades y características específicas a hombres y mujeres, creando una jerarquía de género que puede dar lugar a la discriminación y a la violencia. Además, estos estereotipos a menudo justifican y normalizan comportamientos violentos, como la violencia doméstica o el feminicidio, al perpetuar la idea de que los hombres son naturalmente agresivos y las mujeres son naturalmente sumisas.
La limitada conciencia pública sobre el problema de la violencia feminicida es otro desafío significativo. La falta de conocimiento y comprensión sobre la gravedad de esta forma de violencia puede llevar a que sea pasada por alto o minimizada, lo que a su vez dificulta la movilización de la sociedad para abordarla de manera efectiva. Cuando la violencia feminicida no se reconoce como un problema serio y urgente, se corre el riesgo de que las medidas de prevención y protección no reciban el apoyo necesario ni la atención que merecen.
En esta sección, exploraremos en profundidad cómo estos estereotipos de género y la falta de conciencia pública pueden contribuir a la persistencia de la violencia feminicida en Cuba. Además, examinaremos las estrategias para desafiar y cambiar estos obstáculos culturales y sociales, reconociendo que el cambio es esencial para lograr una sociedad cubana más justa y segura para las mujeres.
La presencia arraigada de estereotipos de género en la sociedad cubana (ver figura 1) es un fenómeno complejo que se extiende por diversas esferas de la vida cotidiana. Estos estereotipos son construcciones sociales y culturales que definen cómo se espera que se comporten y se relacionen las personas según su género, contribuyendo a la perpetuación de desigualdades de género y, en última instancia, facilitando un ambiente propicio para la violencia de género, incluida la violencia feminicida.
Figura 1. Estereotipos de género en la sociedad cubana
Exploraremos en mayor profundidad cómo estos estereotipos están arraigados en la sociedad cubana:
Roles tradicionales de género: Los roles tradicionales de género en Cuba han sido moldeados a lo largo de la historia y la tradición. Si bien el país ha avanzado en la promoción de la igualdad de género, los estereotipos arraigados aún persisten. Históricamente, se ha esperado que los hombres sean los principales proveedores y líderes en la familia, mientras que las mujeres han sido asignadas a roles de cuidadoras y responsables del hogar. Esta división tradicional del trabajo ha llevado a la percepción de que las mujeres son menos aptas para asumir roles en el ámbito público y contribuye a su subvaloración y a la justificación de la violencia contra ellas.
Machismo arraigado: El machismo, una actitud que promueve la supremacía masculina, también se encuentra presente en la sociedad cubana. Esto puede manifestarse en actitudes cotidianas, como la misoginia, así como en formas más graves, como la justificación de la violencia hacia las mujeres. Las expectativas arraigadas de que los hombres sean dominantes y las mujeres sumisas son un reflejo del machismo, y estas actitudes pueden fomentar la violencia de género.
Objetivación de las mujeres: Los estereotipos de género pueden contribuir a la objetivación de las mujeres, viéndolas como objetos de deseo sexual en lugar de seres humanos con derechos y autonomía. Esta objetivación puede trivializar la violencia sexual y crear un ambiente propicio para la agresión de género. Los anuncios publicitarios, la cultura de la moda y la representación de las mujeres en los medios de comunicación a menudo perpetúan esta objetivación.
Dificultades en la identidad de género: La sociedad cubana, como muchas otras, ha enfrentado dificultades en la aceptación y respeto de la diversidad de identidades de género. Los estereotipos rígidos en torno a lo que significa ser hombre o mujer pueden llevar a la discriminación y la violencia hacia personas LGBTQ+. La falta de aceptación de la diversidad de identidades de género puede ser un obstáculo significativo en la lucha contra la violencia de género.
Educación y medios de comunicación: La educación y los medios de comunicación desempeñan un papel clave en la perpetuación de los estereotipos de género. La falta de inclusión de perspectivas de género en el currículo escolar y la representación de roles tradicionales en la familia y en la sociedad a través de la publicidad y los programas de televisión pueden influir en la socialización de las generaciones más jóvenes, perpetuando así los estereotipos de género.
Desafiar la presencia arraigada de estereotipos de género en la sociedad cubana es un paso fundamental para combatir la violencia feminicida. Esto implica promover la igualdad de género en todos los aspectos de la vida, desde la educación hasta los medios de comunicación, y promulgar políticas que desafíen los roles tradicionales y promuevan el respeto a la diversidad de identidades de género. El cambio cultural y social es esencial para crear una sociedad más igualitaria y segura para todas las personas, independientemente de su género. Esto requiere un esfuerzo continuo en la educación, los medios de comunicación, la participación ciudadana y la formulación de políticas que promuevan activamente la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad cubana.
La limitada conciencia pública sobre el problema de la violencia feminicida en la sociedad cubana es un desafío crucial en la lucha contra esta forma de violencia de género. La falta de conciencia generalizada sobre la magnitud y gravedad de este problema puede tener consecuencias devastadoras, ya que dificulta la movilización de la sociedad, la denuncia de casos y la implementación efectiva de medidas de prevención y apoyo.
La falta de visibilidad es un factor clave que contribuye a esta limitada conciencia. La violencia feminicida tiende a ocurrir en el ámbito privado, detrás de puertas cerradas, lo que la hace menos visible en comparación con otras formas de violencia. Esta falta de visibilidad puede llevar a que el problema sea pasado por alto o minimizado en la percepción pública, lo que a su vez dificulta la concienciación sobre su gravedad.
El tabú y la estigmatización en torno a la violencia de género también juegan un papel importante. Hablar de la violencia de género sigue siendo un tema tabú en muchas sociedades, incluyendo la cubana. Las víctimas pueden sentir vergüenza o temor al estigma social, lo que puede llevar a un silencio generalizado en torno a la violencia que experimentan. Esto contribuye a la falta de conciencia pública y obstaculiza la identificación y el apoyo a las víctimas.
La escasa cobertura mediática sobre la violencia feminicida es otro obstáculo. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la sensibilización y en la promoción del debate público sobre este tema. La ausencia de una cobertura adecuada puede perpetuar la invisibilidad de la violencia feminicida, manteniéndola alejada de la atención pública.
La falta de educación y formación en igualdad de género y violencia de género es un factor adicional. La educación en torno a estos temas puede ser insuficiente en el sistema educativo cubano. La falta de conocimiento sobre estos temas desde edades tempranas puede llevar a la perpetuación de estereotipos de género y a la falta de conciencia sobre la gravedad de la violencia feminicida.
Finalmente, las normatividades culturales arraigadas pueden influir en la percepción de la violencia feminicida. En algunas culturas, la violencia de género puede ser vista como un asunto interno de la familia y no como un problema de la sociedad en su conjunto. Esto contribuye a la falta de conciencia sobre la magnitud del problema y a la falta de apoyo a las víctimas.
Superar la limitada conciencia pública sobre la violencia feminicida implica un esfuerzo multifacético que aborde estos desafíos. La promoción de una mayor visibilidad de la violencia de género a través de campañas de concienciación, la educación sobre igualdad de género en las escuelas, la sensibilización mediática y la promoción de una cultura de apoyo a las víctimas en lugar de estigmatización son pasos clave en este proceso. Con una conciencia pública más sólida y un compromiso generalizado con la erradicación de la violencia feminicida, se pueden implementar medidas efectivas de prevención y apoyo que marquen la diferencia en la vida de las mujeres cubanas
Obstáculos en la Implementación de las Leyes Desde una perspectiva legal, las barreras son diversas y complejas. En primer lugar, la existencia de posibles lagunas o ambigüedades en la legislación puede generar interpretaciones dispares y limitar la aplicación coherente de las leyes de protección. La falta de recursos financieros y humanos dentro del sistema legal también representa un desafío, ya que puede afectar la capacidad de abordar de manera adecuada y oportuna los casos de violencia.
Además, la falta de infraestructura, personal capacitado y presupuesto suficiente podría traducirse en respuestas legales insuficientes frente a la complejidad de los casos. Esta limitación de recursos puede impactar negativamente en la atención a las víctimas y en la implementación de medidas de protección eficaces.
Desde una perspectiva sociocultural, las barreras son igualmente significativas. Normas arraigadas y percepciones culturales pueden tolerar o minimizar ciertas formas de violencia, creando un entorno que desalienta a las víctimas a denunciar o buscar ayuda. El estigma social asociado con ser víctima de violencia y el temor a la victimización secundaria también actúan como barreras importantes para la denuncia y la búsqueda de apoyo.
Esta compleja red de obstáculos tiene un impacto directo en la respuesta del sistema legislativo. La falta de voluntad política para abordar la violencia y mejorar las leyes de protección puede ser una barrera importante. La resistencia al cambio dentro del sistema legislativo, manifestada como oposición a reformas significativas, puede dificultar la mejora y el fortalecimiento de la protección a las víctimas.
Para superar estos desafíos, se requiere una estrategia integral y coordinada. La revisión y actualización periódica de la legislación para abordar posibles lagunas y ambigüedades es esencial. Fortalecer las leyes para adaptarse a las necesidades cambiantes y garantizar la implementación coherente es crucial.
La realización de campañas de concientización y educación juega un papel fundamental en el cambio de normas culturales perjudiciales y en la reducción del estigma asociado con ser víctima de violencia. Estas campañas tienen el poder de transformar la percepción de la sociedad, alentar la empatía y generar un ambiente propicio para el apoyo a las víctimas.
En el contexto específico de Cuba, donde las normas culturales pueden tener una influencia significativa en la aceptación o tolerancia de ciertas formas de violencia, las campañas deben adaptarse a la realidad sociocultural del país. Se puede utilizar una variedad de medios, como anuncios en medios de comunicación, redes sociales, charlas comunitarias y materiales educativos, para difundir información sobre los impactos negativos de la violencia y promover actitudes más saludables y respetuosas.
La capacitación continua de los profesionales del sistema legal y de apoyo es esencial para garantizar respuestas más sensibles y efectivas a los casos de violencia. Los profesionales deben estar actualizados sobre las leyes vigentes, las mejores prácticas en el manejo de casos de violencia y la sensibilización hacia las necesidades específicas de las víctimas. Esto contribuirá a una atención más integral y empática, mejorando así la calidad de la respuesta institucional.
La participación activa de la comunidad en la formulación y aplicación de políticas es crucial para abordar las barreras socioculturales y superar resistencias. La inclusión de perspectivas diversas en la toma de decisiones asegura que las políticas sean contextualmente relevantes y respetuosas de las realidades locales. Además, fomenta un sentido de propiedad y compromiso en la comunidad hacia la prevención y el abordaje de la violencia.
Desde una perspectiva legal en Cuba, se observan varias barreras que afectan la efectividad de las leyes de protección contra la violencia. Entre estas, se destacan posibles lagunas o ambigüedades en la legislación, lo que dificulta la aplicación coherente de las leyes existentes. La presencia de vacíos legales o interpretaciones ambiguas puede generar confusión y limitar la capacidad de los profesionales del sistema legal para brindar respuestas consistentes y efectivas a los casos de violencia.
Además, la limitación de recursos financieros y humanos constituye otra barrera significativa. La falta de inversión suficiente en el sistema legal puede afectar negativamente su capacidad para abordar adecuadamente los casos de violencia. La escasez de personal capacitado y la insuficiencia de presupuesto pueden traducirse en una respuesta legal insuficiente frente a la complejidad y diversidad de los casos de violencia.
La falta de infraestructura adecuada también puede contribuir a la ineficacia del sistema legal en la protección de las víctimas. La ausencia de centros especializados, servicios de apoyo psicológico y lugares seguros para las víctimas puede dificultar el acceso a recursos y apoyo esencial. Esto, a su vez, impacta la capacidad del sistema legal para proporcionar una respuesta integral y holística a las víctimas de violencia.
En el ámbito sociocultural en Cuba, la efectiva implementación de leyes destinadas a proteger a las víctimas de violencia se ve afectada por normas arraigadas y percepciones culturales que pueden tolerar o minimizar ciertas formas de violencia. Estas normas y percepciones crean un entorno que desalienta a las víctimas a denunciar o buscar ayuda, contribuyendo así a un bajo índice de reporte de casos.
El estigma social asociado con ser víctima de violencia y el temor a la victimización secundaria actúan como barreras significativas. Las personas que experimentan violencia pueden sentir vergüenza o miedo a represalias, lo que les impide buscar apoyo o denunciar los casos. El miedo a ser juzgadas por la sociedad o a enfrentar discriminación también puede influir en la decisión de las víctimas de permanecer en silencio.
Estos elementos socioculturales contribuyen a la subnotificación de casos, lo que significa que muchos incidentes de violencia no se informan oficialmente. La falta de denuncias dificulta la intervención y protección efectiva por parte del sistema legal y de apoyo. Además, la cultura del silencio perpetúa un ciclo de violencia oculta, ya que las víctimas pueden quedar atrapadas en situaciones abusivas sin acceso a la ayuda necesaria.
Abordar estas barreras socioculturales requerirá estrategias de concientización y educación que desafíen las normas perjudiciales y reduzcan el estigma asociado con ser víctima de violencia. Las campañas de sensibilización pueden desempeñar un papel crucial en cambiar las actitudes culturales y promover un entorno en el que las víctimas se sientan seguras al buscar ayuda y denunciar casos de violencia.
Estos obstáculos tienen un impacto directo en la respuesta del sistema legislativo. La falta de voluntad política para abordar la violencia y mejorar las leyes de protección puede ser una barrera importante. Además, la resistencia al cambio dentro del sistema legislativo, manifestada como oposición a reformas significativas, puede dificultar la mejora y el fortalecimiento de la protección a las víctimas.
Para superar estos desafíos, se requiere una estrategia integral. La revisión periódica de la legislación para identificar y corregir posibles lagunas es esencial. Fortalecer las leyes para adaptarse a las necesidades cambiantes y garantizar la implementación coherente de las mismas es crucial. Campañas de concientización y educación son fundamentales para abordar normas culturales perjudiciales y reducir el estigma asociado con ser víctima. Además, proporcionar capacitación continua a profesionales del sistema legal y de apoyo contribuye a respuestas más sensibles y efectivas.
El involucramiento activo de la comunidad en la formulación y aplicación de políticas puede contribuir a superar resistencias y construir un consenso más amplio. La creación de mecanismos eficientes para la denuncia, apoyo psicológico, y acceso a recursos legales son pasos cruciales para garantizar una respuesta efectiva del sistema legislativo frente a la violencia. En resumen, abordar estas barreras tanto legales como socioculturales es esencial para garantizar la efectividad de las leyes de protección en Cuba y mejorar la respuesta del sistema legislativo frente a la violencia.
Perspectivas de Fortalecimiento Legal y Colaboración La implementación efectiva de las leyes destinadas a proteger a las víctimas de violencia en Cuba se enfrenta a obstáculos significativos, tanto de naturaleza legal como sociocultural. Desde una perspectiva legal, la presencia de posibles lagunas o ambigüedades en la legislación dificulta la aplicación coherente de las leyes de protección. Además, la limitación de recursos financieros y humanos puede restringir la capacidad del sistema legal para abordar adecuadamente los casos de violencia y garantizar una protección eficaz a las víctimas.
En el ámbito sociocultural, normas arraigadas y percepciones culturales pueden tolerar o minimizar ciertas formas de violencia, creando un entorno que desalienta a las víctimas a denunciar o buscar ayuda. El estigma social asociado con ser víctima de violencia y el temor a la victimización secundaria también actúan como barreras significativas, contribuyendo a la subnotificación de casos y perpetuando un ciclo de violencia silenciosa.
Para superar estos obstáculos, es esencial abordar tanto las deficiencias legales como los elementos socioculturales. La mejora de la legislación podría incluir definiciones específicas de feminicidio, agravantes relacionados con la violencia de género y disposiciones más sólidas para la protección y asistencia a las víctimas. Además, estrategias para promover la colaboración entre diferentes actores, como el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general, son fundamentales.
La colaboración efectiva podría lograrse mediante la coordinación interinstitucional, la participación activa de la comunidad, mesas de diálogo multisectoriales y programas de capacitación continuada para el personal judicial y policial. Explorar ejemplos exitosos de otros países que han abordado con éxito la violencia feminicida podría proporcionar ideas y enfoques adaptados a la realidad específica de Cuba, contribuyendo a la construcción de una cultura de derechos, respeto y paz.
Conciencia sobre la Igualdad de Género
El tema de la conciencia sobre la igualdad de género es de vital importancia en la lucha por la equidad y el respeto de los derechos de todas las personas, independientemente de su género. En esta era moderna, la promoción de la igualdad de género se ha convertido en un imperativo global para construir sociedades más justas y libres de discriminación. La conciencia sobre la igualdad de género implica comprender, apoyar y defender la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, sin importar su género.
Este tema abarca una variedad de dimensiones, desde la igualdad en el ámbito laboral hasta la eliminación de la violencia de género y la promoción de roles de género no restrictivos. En esta exploración, analizaremos los beneficios de una mayor conciencia sobre la igualdad de género y cómo esta conciencia puede contribuir a un mundo más inclusivo y equitativo.
También consideraremos las estrategias y acciones necesarias para fomentar una conciencia más sólida sobre la igualdad de género en la sociedad actual.
La importancia de promover la igualdad de género como medida preventiva contra la violencia feminicida radica en su capacidad para abordar las causas fundamentales de esta forma extrema de violencia de género. En el corazón de la violencia feminicida se encuentra una profunda desigualdad de poder, donde los perpetradores buscan mantener el control y la dominación sobre las mujeres. Al promover la igualdad de género, se ataca directamente esta desigualdad, reduciendo la motivación y la justificación para ejercer la violencia. Cuando hombres y mujeres son tratados como iguales en todos los aspectos de la vida, la necesidad de recurrir a la violencia como medio de control disminuye significativamente.
La promoción de la igualdad de género va más allá de simplemente cambiar leyes y políticas; implica una transformación de las normas y roles de género arraigados en la sociedad. Esto permite que las personas vivan de acuerdo con sus intereses, habilidades y aspiraciones, en lugar de sentirse limitadas por expectativas rígidas basadas en su género. Al liberar a las personas de estas restricciones, se reduce la presión y la tensión que a menudo contribuyen a situaciones de violencia en las relaciones.
Además, la promoción de la igualdad de género es fundamental para fomentar relaciones saludables y equitativas. En estas relaciones, la comunicación, el respeto y el consentimiento son esenciales, y la violencia es inaceptable. Al educar a las personas sobre la igualdad de género y las relaciones saludables, se empodera a las mujeres para reconocer señales de abuso y a las comunidades para intervenir y apoyar a las víctimas, creando un ambiente en el que la violencia de género se vuelva inaceptable.
Un aspecto importante de la promoción de la igualdad de género es la prevención de la cosificación y objetivación de las mujeres. Cuando las mujeres son vistas como seres humanos con sus propias vidas, deseos y aspiraciones, en lugar de objetos de deseo sexual, se reduce la justificación de la violencia sexual y se fomenta el respeto mutuo. Esto contribuye a la creación de una cultura en la que la violencia de género no tiene cabida.
Además, la igualdad de género influye en la toma de decisiones y políticas públicas. Las mujeres empoderadas y con voz en la formulación de políticas y programas destinados a prevenir y abordar la violencia feminicida. Esto resulta en soluciones más efectivas y en un mayor enfoque en la protección de las víctimas y la prevención de futuros casos. La promoción de la igualdad de género es, por lo tanto, un componente esencial en la lucha contra la violencia feminicida y en la construcción de una sociedad más justa y segura para todas las personas, independientemente de su género.
Aumentar la conciencia pública sobre la igualdad de género es fundamental para promover una sociedad más justa y equitativa. Una estrategia efectiva para lograr esto es integrar la educación sobre igualdad de género en el sistema educativo. Al enseñar a las generaciones más jóvenes sobre la importancia de la igualdad de género, se sientan las bases para un cambio de actitudes y creencias arraigadas en la sociedad. Esta educación temprana también empodera a las nuevas generaciones para convertirse en defensores de la igualdad de género, lo que es esencial para un cambio cultural a largo plazo.
Además de la educación, las campañas de concientización desempeñan un papel crucial. Estas campañas utilizan medios de comunicación, redes sociales y eventos públicos para destacar la importancia de la igualdad de género y sus beneficios para la sociedad. La repetición constante de mensajes sobre igualdad de género y su visibilidad en la esfera pública contribuyen a un cambio de actitudes a medida que la conciencia pública se expande.
La participación activa de la sociedad civil y las organizaciones que trabajan en pro de la igualdad de género es otra estrategia efectiva. La organización de marchas, protestas, eventos públicos y campañas en línea que denuncien la discriminación de género y promuevan la igualdad crea un movimiento sólido que presiona por un cambio significativo en la sociedad.
Los medios de comunicación también desempeñan un papel fundamental en la construcción de la conciencia pública sobre la igualdad de género. Promover la representación positiva de mujeres en la televisión, la publicidad y el cine, así como destacar historias de mujeres exitosas en diversas áreas, es esencial. Los medios proporcionan una plataforma para debatir temas de igualdad de género y presentar investigaciones y datos sobre desigualdades. El campo del periodismo en particular puede desempeñar un papel eficaz en la educación del público. Sin embargo, su adhesión a estructuras culturales tradicionales no contribuye positivamente al diálogo sobre la igualdad de género. Más bien, esto refuerza los fundamentos del patriarcado y contribuye a legitimar las diferencias entre hombres y mujeres.
La prensa ha desempeñado un papel en el fortalecimiento y legitimación de la sumisión y opresión basadas en el género, a menudo promoviendo una noción sesgada de igualdad que es moldeada según los intereses de quienes la promulgan. “Los medios pueden visibilizar u ocultar los problemas sociales (agenda setting) pero una vez que deciden visualizarlos pueden hacerlo de diversas maneras (jerarquizando su importancia y decidiendo sobre enfoques, conceptualizaciones y terminología)” (Zurbano & García, 2017: p. 83).
En Cuba es eminente el enfoque mediático en noticias aisladas de violencia de género oculta el impacto real de este problema en la sociedad, perpetuando estereotipos que han sido históricamente utilizados como mecanismos de dominación validados por el patriarcado. La violencia de género, vista desde una perspectiva de desigualdad de poder entre hombres y mujeres, se deriva de asignaciones socioculturales basadas en el género y ha sido legitimada a lo largo de la historia por las estructuras patriarcales en la sociedad.
En Cuba, los contenidos de los medios digitales oficiales siguen pautas establecidas por el Comité Central del Partido, al igual que los medios de comunicación tradicionales. El Doctor en Ciencias de la Comunicación, Julio García Luis, sostiene que la política de información en el contexto cubano refleja la agenda del sistema político en la prensa. Aunque existe una estrategia informativa general, la experiencia y creatividad de profesionales de la comunicación, incluyendo periodistas y directivos, influyen en las decisiones unilaterales o consensuadas sobre cómo abordar estos temas (García, 2011, p. 68).
La falta de una conceptualización adecuada de la violencia de género por parte de los medios de comunicación cubanos significa un grave problema para la sociedad. Esto perjudica la educación en torno a este tema, contribuye a la perpetuación de estereotipos de género y refuerza una creencia que el movimiento feminista busca desmontar: que la violencia de género es un problema aislado, que sus agresores son individuos con problemas psicológicos y que las víctimas son responsables de su situación. Como señala Zurbano (2015), es cada vez más evidente la necesidad de ampliar y enriquecer el concepto de violencia contra las mujeres para aumentar la visibilidad de este fenómeno en todas sus dimensiones y hacer que las medidas de sanción y protección implementadas en los últimos años sean más efectivas. (p. 52).
Cabreja & Escalona (2019) explican que las limitaciones fundamentales en la producción de medios digitales son compartidas con los medios de comunicación tradicionales. A pesar del desarrollo apresurado de la web en Cuba, ha habido una falta de políticas claras y de una estructura organizativa sólida. Esta carencia de una política de comunicación efectiva para los medios en Cuba ha sido la raíz de los problemas que afectan al sistema de medios en el país (p. 192).
Actualmente se puede observas un control riguroso sobre la agenda de temas en los medios de comunicación en Cuba, donde ciertos matices instrumentales y la influencia de regulaciones externas, motivadas por las presiones y desafíos que enfrenta el país, también impactan en las decisiones internas de la prensa. Esto se refleja en la organización, las jerarquías de poder, las rutinas de producción, las culturas profesionales y los modelos de valores de los medios. García (2003) plantea que la comunicación pública en Cuba se ajusta directamente a la ideología dominante y al sistema político (p. 110).
Mientras en el ámbito laboral, los programas de capacitación y sensibilización son esenciales. Los empleadores pueden contribuir activamente a la promoción de la igualdad de género a través de programas que aborden temas como la discriminación de género, el acoso sexual y la equidad salarial. Al crear ambientes de trabajo inclusivos, se fomenta la igualdad y se envía un mensaje claro de que la discriminación no es tolerada.
Las políticas gubernamentales que promueven la igualdad de género y combaten la discriminación son fundamentales. Esto incluye leyes de igualdad salarial, políticas de licencia parental equitativas y leyes que protegen a las víctimas de violencia de género. La colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas y la sociedad civil es esencial para promover activamente la igualdad de género y destacar sus beneficios. Las alianzas pueden llevar a campañas más efectivas y a la creación de un movimiento sólido en pro de la igualdad de género.
CONCLUSIONES
En Cuba se están tomando medidas significativas para abordar las brechas de género, la violencia de género y promover la equidad. Estas acciones incluyen cambios en la Constitución, programas específicos y estrategias integrales, con un enfoque en empoderar a las mujeres y sin dejar de reconocer la importancia de involucrar a los hombres en este proceso.
A pesar de los esfuerzos para abordar la violencia de género y promover la igualdad en Cuba, persisten desafíos significativos relacionados con estereotipos de género y la discriminación hacia las personas que no se ajustan a las normas heteronormativas. Estos problemas requieren una atención continua y un esfuerzo conjunto para crear una sociedad más inclusiva y equitativa.
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FINANCIACIÓN
Ninguna.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización: Yolier Izquierdo Cuellar.
Curación de datos: Yolier Izquierdo Cuellar.
Análisis formal: Yolier Izquierdo Cuellar.
Investigación: Yolier Izquierdo Cuellar.
Metodología: Yolier Izquierdo Cuellar.
Administración del proyecto: Yolier Izquierdo Cuellar.
Recursos: Yolier Izquierdo Cuellar.
Software: Yolier Izquierdo Cuellar.
Supervisión: Yolier Izquierdo Cuellar.
Validación: Yolier Izquierdo Cuellar.
Visualización: Yolier Izquierdo Cuellar.
Redacción – borrador original: Yolier Izquierdo Cuellar.
Redacción – revisión y edición: Yolier Izquierdo Cuellar.